Juan Dávila-García. Radiotelegrafista del Estado

Las comparecencias en el Parlamento de Canarias de Blas Trujillo, consejero de Sanidad y de Conrado Domínguez, director del SCS (Servicio Canario de Salud), para tratar el controvertido tema de las –mascarillas- no convenció ni a propios ni a extraños, sus señorías no aceptaron cuanto expusieron los comparecientes ya que según manifestaron algunos no tenían visos de credibilidad, ya que en todo momento el señor Domínguez ha venido comentando que su trato con la empresa RR7 no necesitaba autorización del gobierno, sin embargo existe una disposición gubernamental que dice “taxativamente” que cuando un pago es superior de 2 millones, la autorización del gobierno es obligatoria, en este caso el pago se elevó a 4 millones aunque se llevó a  efecto en dos –pagos- sin que existiera la autorización exigida. 

No obstante existe el agravante que las mascarillas adquiridas nunca llegaron a manos del gobierno canario, y esa perentoria necesidad que argumenta el director del SCS para que las mascarillas fueran usadas a la urgencia debida no se cumplió -ya que como he dicho estas nunca llegaron para ser usadas contra la pandemia del –covid19-, que estaba en plena expansión.

Como se viene observando desde que se suscitó este problema nadie acepta su responsabilidad y todos intentan –echar balones fuera-, no obstante los canarios queremos saber la verdad de lo ocurrido ya que el dinero utilizado –era de todos lo que habitamos por estos lares-, por lo que se hace necesario saber la verdad de cuanto aconteció y que la Justicia y el Tribunal de Cuentas depuren a la urgencia debida las -responsabilidades pecuniarias- y que los protagonistas de tan lamentable episodio sean sancionados como se merecen.

ANTECEDENTES “-Desde que se inició la pandemia del covid19 a finales del 2019, las autoridades negaron la existencia de la misma, en marzo de 2020 -Pedro Sánchez reconoció a medias su existencia- ya que tenía sus –dudas-, y se trajo de Cataluña a la eminencia gris de Salvador Illa cuyos conocimientos sanitarios eran nulos sobre quien recayó la responsabilidad de combatirla habiendo ya un buen número de fallecidos, una vez que este –huyó- hacia Cataluña para formar parte de la candidatura del PSC-, no se le ocurrió otra solución que nombrar a otra persona también –ignorante- en temas sanitarios, -la canaria Carolina Darías que contó con el asesoramiento del experto… Simón, sin embargo el remedio no surtió el efecto esperado, y la pandemia siguió creciendo descontrolada-“.

En Canarias la cosa fue peor, el gobierno de Ángel Víctor Torres, nombra como consejero de Sanidad a Blas Trujillo y como director del SCS a Conrado Domínguez, dos personas cuya relación con la sanidad y la medicina -que se sepa- era totalmente nula por lo cual su involución en algo tan complejo nunca ha existido, y ahora con la aparición de este posible –fraude- donde hay en juego el pago de 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron procedente de la empresa RR7. 

La situación al gobierno canario se le complica bastante, ya que la la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas aprecia en este –affaire- indicios de diferentes delitos, donde se aprecia entre estos el de “amiguismo”, donde es posible la existencia de pagos de comisiones por parte de la empresa y sus compradores a través de personas –interpuestas-, la Fiscalía aprecia indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, el Juzgado número 7 de Las Palmas ya ha iniciado los trámites legales para determinar la existencia de los delitos citados.

Actualmente están ocurriendo cosas que no se sostienen jurídicamente ni administrativamente, la incoherencia política es tan grande que todo se  traduce el buscarle salida al dinero sin justificación alguna, lo que beneficia a los –despilfarradores- que tienen la obligación de velar por los dineros de todos los españoles (en esta caso de los canarios), que como estamos viendo no son buenos gestores y administradores, por consiguiente se hace necesario cesarlos de esos cargos, ya que su incompetencia los hace obrar de esa manera o buscar la forma de no permitirles que sean ellos quienes administren nuestro dinero y el que viene de la UE., de no hacerlo así la decadencia económica será cada vez más acusada y la ruina mucho más perversa.

En España y en este caso en Canarias, quien administra los dineros que pagamos todos los que habitamos en estas –ínsulas- no es precisamente un economista sino un –médico-, que cuando consigue formar parte de un gobierno de la índole que sea, siempre busca ubicarse en las Consejerías de Hacienda y Economía, en los gobiernos anteriores esto no ocurría y el responsable de las Finanzas era un titulado en estas materias.

Permitamos dejar hacer su trabajo a las Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, que determinarán en su momento si existe o no delitos sancionables, castigando como corresponde a los responsables de tan –engorroso- asunto, si son –culpables- de los delitos que la Fiscalía aprecia.